«La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar» es otro de los documentos presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la Misión Internacional Independiente.
Documenta y describe la violencia en la zona, la complicidad del Estado, los intereses militares, el dominio de grupos criminales y las condiciones de esclavitud sexual a las que están sometidas las mujeres y niñas.
En su presentación de las «Conclusiones detalladas de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela», el equipo investigador incluyó un extenso informe que también fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: «La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar».
Son 156 páginas de recuento, información y testimonios que concluyen en la habitual recomendación al Estado venezolano a investigar las denuncias de violaciones a derechos humanos, de explotación sexual, de abuso sexual de menores de edad; a establecer responsabilidades y administrar justicia. Y, por ejemplo: «Investigar todos los indicios de aquiescencia o colaboración entre las autoridades civiles y militares con las actividades de los grupos armados criminales, tomar las medidas necesarias para exigir responsabilidad a dichas personas y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir todo tipo de cooperación ilegal en el futuro».
A continuación, citas textuales extraídas del documento que ayudan a tener una idea de la complejidad y magnitud de la problemática en el Arco Minero y en zonas vecinas afectadas igualmente por la minería, las bandas criminales y la ausencia o complicidad del Estado:
La situación de los derechos humanos en Arco Minero ha sido objeto de creciente preocupación por parte de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. En su resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente” en la región, incluso con respecto a la explotación laboral de los mineros, el trabajo infantil, la trata de personas y la prostitución forzada, y manifestó su “especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas” en la región
Estas violaciones y delitos son perpetrados tanto por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera, así como por actores no estatales. Estos actores no estatales incluyen grupos criminales (conocidos como “sindicatos” y “pranatos”) y grupos guerrilleros de Colombia. La investigación se centra, aun cuando no exclusivamente, en el período posterior a 2016, fecha formal de creación del Arco Minero del Orinoco.
La Misión elaboró una matriz de incidentes, en la cual se han compilado 182 posibles incidentes de presuntas violaciones a derechos humanos y/o delitos en el estado de Bolívar desde 2014 hasta la actualidad. La Misión seleccionó dichos incidentes a través de un seguimiento por medio de fuentes de información abiertas y de entrevistas. Como resultado de los mismos incidentes, la Misión registró un total de 1.914 posibles víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos.
De los 182 casos registrados, 87 fueron casos de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por agentes estatales (47.8 % del total de casos). Y 81 casos registrados, correspondieron a hechos delictivos presuntamente cometidos por agentes no estatales (44.5 %). Hay 14 posibles incidentes, que representan un 7.7 %, en los que la Misión no pudo ni identificar, ni confirmar, la naturaleza de los responsables.
Desde 2014 hasta la actualidad, la Misión registró 832 muertes violentas de personas, de las que 237 fueron presuntas privaciones arbitrarias de la vida por parte de agentes estatales. La Misión también identificó 96 posibles desapariciones de personas, 107 presuntas violaciones por tortura y por tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes, 142 por presuntas detenciones arbitrarias por agentes estatales, y 729 presuntos delitos contra la libertad cometidos por agentes no estatales.
En octubre de 2018, MINERVEN se convirtió en una empresa mixta junto con una empresa privada recién constituida y controlada por Alex Nain Saab Morán, un empresario colombiano posteriormente acusado de blanqueo de dinero. La empresa mixta resultante, Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía-Venezuela S.A. (MIBITURVEN), se hizo cargo de los importantes activos mineros de MINERVEN, y, por consiguiente, se convirtió en un actor central en la producción de oro en El Callao.
La FANB no solo tiene un papel especial en el marco de seguridad del Arco Minero, pero sus diversas ramas tienen también intereses económicos variados y amplios en la región. Estos van desde entidades de propiedad militar creadas para explotar los recursos naturales, hasta ingresos aparentemente ilícitos generados por oficiales individuales.
Ya en 2016, las inversiones de propiedad militar incluían 17 empresas y compañías mixtas. La CAMIMPEG fue creada el 10 de febrero de 2016 apenas dos semanas antes de la creación del Arco Minero. CAMIMPEG es propiedad en su totalidad del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (Ministerio de la Defensa), y es la principal empresa de propiedad militar en la industria minera.
CAMIMPEG ha ampliado su huella en el sector minero desde 2016. En 2017 y 2018, la empresa firmó varios acuerdos con empresas privadas e inversionistas para operar en el sector minero, principalmente en el municipio Sifontes del estado de Bolívar. CAMIMPEG también ha firmado alianzas estratégicas con al menos otras seis empresas entre septiembre de 2017 y enero de 2020 vinculadas a operaciones de minería del oro en la región.
A finales de 2020, CAMIMPEG registró una ganancia neta de 175.979.443,69 bolívares venezolanos (aproximadamente 30,9 millones de dólares estadunidenses al cambio actual). Sin embargo, no está claro, en base de la información disponible públicamente, cuáles han sido las operaciones de CAMIMPEG desde 2021.
Aparte de la participación formal de los militares en la industria minera, la Misión también ha recibido información creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad están en connivencia con “sindicatos”y otros elementos criminales involucrados en el sector minero. Como se expone con más detalle en el capítulo III, dicha colaboración ha ido desde la aceptación tácita de la presencia de grupos armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para “limpiar” las minas de ciertos “sindicatos”. Los funcionarios de bajo rango de la FANB también han usado la extorsión y a otras formas de abuso de poder para obtener beneficios económicos. Sin embargo, las fuentes de ingresos extraoficiales son difíciles de rastrear, y no está claro hasta qué punto estas actividades son llevadas a cabo por individuos deshonestos, o si son respaldadas, toleradas o controladas a través de las estructuras y las líneas de mando de la FANB.
Entre las actividades ilícitas en las que, según se informa, están implicados funcionarios de la FANB se encuentran: la prestación de servicios de seguridad a las minas ilegales;el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo en las zonas mineras;el contrabando transfronterizo de mercurio; y el cobro de sobornos (“vacunas”) o impuestos extorsivos procedentes de la explotación de las minas ilegales o para acceder a infraestructura, a menudo ejercidos en los puestos de control militares (“alcabalas”).
Otra de las principales fuentes de ingresos militares extrapresupuestarios es el presunto contrabando de oro a los países vecinos, especialmente Brasil y Colombia. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2021 las autoridades colombianas y estadounidenses investigaron conjuntamente un esquema en el que el oro supuestamente recogido de las minas por la GNB era ocultado y enviado a Bogotá, con destino final a los Estados Unidos de América y otros terceros países.
El ciclo de explotación de los mineros irregulares comienza a la entrada de la zona minera controlada por el“sindicato”, donde muchas veces los teléfonos móviles de cualquiera que entre en la mina son confiscados. La falta de comunicación se siente como una fuente de ansiedad constante por parte de los familiares de las personas en las minas, ya que el número de personas que se incorporaron a las minas y posteriormente han desaparecido ha aumentado en los últimos años. Una vez que han entrado en las minas, los mineros están obligados a pagar un porcentaje del oro que extraen al “sindicato”o grupo armado que controla la explotación.
Los mineros a pequeña escala trabajan largas y extenuantes horas -con turnos de hasta 12 horas- faltos de cualquier equipo de protección y en condiciones inseguras. A menudo se registran accidentes y muertes causadas por derrumbes. Por ejemplo, según fuentes de las ONG, de enero a junio de 2020, 18 mineros murieron en tres derrumbes en el municipio de El Callao. El trabajo infantil, con la participación de menores de hasta 10 años, es al parecer habitual en las minas.
Los grupos ilegales dictan las normas e imponen el orden social dentro de las minas y ejercen el control territorial sobre áreas específicas. Ellos ejercen la justicia de forma arbitraria e imponen castigos, a menudo de forma extremadamente violenta tal como desmembramientos, como forma de advertencia colectiva. Fuentes provenientes del sector de las ONG documentaron castigos infligidos específicamente a las mujeres, por ejemplo afeitando sus cabezas de forma violenta u obligándolas a caminar desnudas en público con mensajes despectivos escritos en su piel o en carteles colgados alrededor de sus cuellos.
Las condiciones de vida precarias de las comunidades cercanas a las minas muestran cómo los supuestos beneficios del proyecto del Arco Minero aún no se han traducido en mejoras reales en la vida de la población local.
Mercurio, deforestación, malaria
La minería descontrolada que se desarrolla en el Arco Minero del Orinoco, así como la minería ilegal en áreas protegidas de territorios indígenas del estado de Bolívar, han tenido un costo ambiental devastador. La minería semimecánica de aluvión que se practica al sur del Orinoco y en otras zonas de la Panamazonía suele provocar una fuerte deforestación, la alteración del suelo, la degradación de los cauces y las riberas de los ríos y la contaminación del agua y la tierra con residuos peligrosos, sobre todo con mercurio.
En julio de 2018, la organización no gubernamental SOS Orinoco presentó un informe ante la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), denunciando minería ilegal y descontrolada en el Parque Nacional Canaima. Según fuentes no gubernamentales, la minería ilegal ha afectado unos estimados 1.033 hectáreas de la superficie del parque.
Se han registrado dinámicas similares en otras áreas protegidas y ambientalmente sensibles, como la Reserva Forestal de Imataca o los ríos Ikabarú o Cuyuní. También se han registrado graves impactos ambientales causados por la minería ilegal en el Parque Nacional de Yapacana y en otras áreas protegidas del estado vecino de Amazonas, donde la minería está formalmente prohibida.
El uso generalizado de mercurio en la minería de pequeña y mediana escala plantea un importante problema medioambiental y sanitario. Al igual que en otros países de la región, el tipo de proceso de extracción de oro semimecánica de aluvión que se practica en el sur de la República Bolivariana de Venezuela depende en gran medida del mercurio. El mercurio se utiliza en las explotaciones mineras y en los molinos de oro para amalgamar el oro y formar aleaciones; la aleación se quema posteriormente para fundir el oro, y el mercurio se dispersa por la atmósfera, en la tierra y las aguas.
El Gobierno ha considerado la instalación de plantas de cianuración como una alternativa más eficaz y menos contaminante a la amalgama de mercurio. Sin embargo, sólo siete plantas de cianuración están operativas (el 13% de las 54 plantas previstas inicialmente), y además dependen de grava aurífera procedente de minas de pequeña escala en las que se utiliza el mercurio.
La minería a pequeña escala y descontrolada que se lleva a cabo en el estado de Bolívar tiene amplias repercusiones negativas sobre la salud de las personas trabajando en las minas y las comunidades circundantes. La contaminación del agua derivada del mercurio y del proceso de extracción del oro ha provocado, según unos informes, un aumento de los casos de parasitosis intestinal, hepatitis y diarrea, así como complicaciones en la salud materna e infantil. Los impactos sanitarios se han visto agravados por la grave falta de acceso a alimentos y medicamentos derivada de la crisis económica y humanitaria a la que se ha enfrentado el país en los últimos años.
La minería descontrolada también se considera un factor clave en la propagación extendida de la malaria y otras enfermedades infecciosas que fueran controlas anteriormente en el estado de Bolívar. Las minas son focos de transmisión del paludismo, debido a la fuerte deforestación, los depósitos de agua estancada y el aumento de la movilidad humana.
En la República Bolivariana de Venezuela en su conjunto, pero de forma más acentuada en las zonas mineras por tratarse de áreas rurales muy aisladas, no existe un acceso adecuado a los servicios de salud sexual y reproductiva, como métodos de planificación familiar, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, o el acceso a productos de higiene femenina. Los productos químicos utilizados en la minería ilegal y la contaminación por mercurio tienen graves consecuencias para la salud de las mujeres, especialmente para las embarazadas. En el estado de Bolívar, la mortalidad materna general aumentó más del 60% en 2019 en comparación con 2015.
Según un informe de 2019 de la organización Kapé- Kapé, la malaria afectaba al 92% de las comunidades indígenas de la Amazonia venezolana y era responsable del 40% de las muertes de personas indígenas en esa zona.
Contra los indígenas
La Constitución de 1999 preveía la demarcación de los territorios indígenas en los dos años posteriores a su aprobación. Sin embargo, para 2020, después de 20 años de vigencia de la Constitución, más del 80% de los territorios indígenas en el país continuaban sin ser demarcados. Desde entonces no se han producido avances significativos en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, dejando estos últimos sin protección jurídica ante las presiones y amenazas vinculadas a la explotación de recursos naturales, en particular la minería, en sus territorios.
El establecimiento del Arco Minero del Orinoco no fue objeto de una consulta previa e informada con los pueblos indígenas.
La invasión ilegal en territorios indígenas por parte de mineros ilegales y grupos armados, la degradación del medio ambiente, y la violencia generalizada han gravemente afectado la mayoría de las comunidades indígenas en el estado de Bolívar. La deforestación y la contaminación afectan a la fauna, el agua y los recursos hidrobiológicos de los que dependen los pueblos indígenas para sus economías tradicionales de subsistencia. Esto incluye a varios pueblos indígenas que viven en relativo aislamiento, como los hoti (jödi), yanomami y piaroa (uwottüja), que viven entre los estados de Bolívar y Amazonas, y que se estima comprenden una población de poco más de 10.000 personas. Estos pueblos son también especialmente vulnerables a las dinámicas sociales perturbadoras y a los abusos asociados a la minería ilegal.
Muchos miembros de comunidades indígenas han emprendido voluntariamente, o se han visto obligados a emprender, la minería como fuente de ingresos. Algunas personas indígenas se dedican ellas mismas a la pequeña minería o cobran impuestos a terceros por el uso de sus tierras.
El establecimiento del Arco Minero también resultó en una militarización de la región que ha amenazado las vidas de personas indígenas. La violencia estatal contra las comunidades indígenas ha dado lugar a varias masacres, particularmente en el municipio de Gran Sabana, incluyendo casos que han sido documentados por la Misión que se detallan en los capítulos III y IV de este informe.
La violencia generalizada ha llevado a muchas personas indígenas, incluso a comunidades indígenas enteras, a huir del país. Se ha estimado que sólo entre marzo y mayo de 2019, más de 900 miembros del pueblo pemón huyeron a Brasil tras los ataques en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén.
Administradores de la muerte
Desde principios de los años 2000, y, sobre todo, a partir de la creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” del Arco Minero del Orinoco, distintos grupos han extendido sus áreas de influencia en las minas y poblaciones aledañas. Entre estos grupos se encuentran los denominados “pranatos” (de “pran”, término de argot que designa al líder de las bandas que operan en las cárceles) y los denominados “sindicatos” (organizaciones ilícitas formadas originalmente por integrantes de las organizaciones sindicales de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar), aunque ambos tipos de organizaciones se han fusionado en la práctica hasta constituir un único fenómeno. También se ha documentado la presencia ilegal, de grupos de guerrilla colombianos y otras bandas criminales con intereses en la minería ilegal.
Estos grupos criminales están fuertemente armados, a menudo con armamento que supera al de las fuerzas de seguridad del Estado. Los grupos ilegales entran habitualmente en conflictos violentos entre ellos, o con las autoridades del Estado, en relación con el control de determinadas minas o zonas de influencia. Una vez que han tomado control, extorsionan y exigen a la población minera pagos o cuotas periódicas, generalmente en oro, a cambio de su supuesta protección frente a ataques de otros “sindicatos” o grupos criminales. Si una persona minera se niega a pagar sus cuotas o “vacunas”-como se conocen localmente- puede sufrir amenazas, castigos corporales y hasta la muerte. Los grupos ejercen una violencia brutal contra los mineros y la población local -tanto hombres como mujeres-, a menudo en forma de castigos corporales (véase infra). Además, las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma desproporcionada por la violencia de género, como su utilización forzada por los “sindicatos” criminales con fines sexuales.
La expansión de los grupos armados ilegales en el estado de Bolívar coincide con el período en el que el general Francisco Rangel Gómez ejerció como gobernador (2004-2017). Durante dicho periodo, hubo señalamientos públicos e informes que denunciaban relaciones estrechas y negocios entre el gobernador y los “sindicatos”[1]. Como explicó un minero sintéticamente a la Misión: “El Gobierno le entregó el poder a los civiles armados”.
El 4 de marzo de 2016, apenas dos semanas después del establecimiento formal del Arco Minero, se dio una masacre emblemática que ejemplificó las luchas entre los “sindicatos” por tomar control de las minas auríferas. Se trata de la masacre de Tumeremo. En este incidente, hombres de un “sindicato” establecieron una “alcabala” en el camino que conducía a una mina de oro recientemente descubierta, la “bulla” de Atenas en el municipio de Sifontes, controlada hasta esa fecha por otro “sindicato”. En la “alcabala”, los hombres armados retuvieron ilegalmente a aproximadamente a 600 personas y asesinaron al menos a 17, entre ellas dos mujeres.
Según fuentes de información públicas, hubo dos ejemplos notables de incursiones de la FANB que provocaron enfrentamientos con “sindicatos” en las minas. El 10 de septiembre de 2017, una incursión en El Triunfo, municipio de Sifontes, tuvo como resultado 11 personas muertas. En el Valle Verde de El Callao, el 15 de noviembre de 2017, otra incursión tuvo como consecuencia nueve personas muertas.
En septiembre y octubre de 2019, los medios de comunicación informaron de al menos dos manifestaciones públicas en Puerto Ordaz, en las que familiares de víctimas de alrededor de 400 presuntas desapariciones forzosas y otros abusos de poder denunciaron públicamente la presunta responsabilidad de la FANB, bajo el mando de Ernesto Solís, en estos hechos. Algunos de estos hechos fueron denunciados formalmente ante la Fiscalía de dicha localidad, después de lo cual algunos familiares indicaron que habían sido supuestamente amenazados. En respuesta a dichas protestas, el 3 de diciembre de 2019, la Fiscalía 49 del Ministerio Publico inició una investigación sobre el teniente coronel Ernesto Solís y los soldados bajo su mando. Sin embargo, los resultados de la investigación nunca se hicieron públicos.
En la noche de 6 de abril 2020, el teniente coronel Ernesto Solís y otro militar, el sargento de segunda Gustavo Flores, fueron asesinados en el sector Las Tejas de Tumeremo, cuando su coche fue emboscado y acribillado por hombres armados desconocidos. El presidente Maduro y otros funcionarios estatales de alto nivel señalaron públicamente a “grupos mafiosos” como responsables de dichos asesinatos.
Desde el segundo semestre de 2021 hasta la fecha de elaboración del presente informe, se han dado disputas territoriales por el control de las minas para mantener el control territorial de las minas en Tumeremo, municipio de Sifontes. Dichos enfrentamientos han tenido como epicentro las minas Isidora y el Chocó, explotadas a partir de 2018, por la empresa mixta MIBITURVEN y, más recientemente, por la CVM.
El 21 de octubre del 2021, a doscientos metros de instalaciones de la compañía MIBITURVEN, se llevó a cabo una emboscada violenta en contra de un grupo de oficiales de la DGCIM, en la que falleció uno de sus oficiales. El 11 de enero del 2022, hubo otro supuesto enfrentamiento cerca de la mina La Isidora, como resultado del cual murió otro oficial de la DGCIM.
El Estado cómplice
Distintas personas entrevistadas por la Misión coincidieron en señalar que funcionarios del gobierno central y la gobernación del estado de Bolívar mantuvieron contactos y relaciones con los “sindicatos” o con el ELN. La Misión también ha recibido testimonios testigos directos o indirectos, que funcionarios del Estado hacían negocios con los “sindicatos”, intercambiando armas, combustible o insumos para la explotación minera a cambio de oro.
Según las investigaciones de la Misión, parece existir una forma habitual de colaboración entre la FANB y los grupos ilegales consistente en el intercambio de oro a cambio de armamento. Por ejemplo, un hombre que trabajó en las minas aseguró a la Misión que “desde hace más de diez años, siempre ha habido comisiones del Gobierno que llegaban a las minas”. Según dicho testigo, “los servicios de seguridad del Estado proporcionaban armas y municiones a los grupos criminales que controlaban las minas, a cambio de oro”. Distintos testigos entrevistados por la Misión también observaron directamente, o escucharon hablar, de una supuesta dinámica habitual en la que funcionarios de Gobierno llegaban a minas o zonas mineras en helicópteros cargados con armas, se reunían con miembros de “sindicatos” y regresaban con los helicópteros cargados el de oro.
Según varias fuentes, el ELN ha estado involucrado en la minería de oro, diamantes y coltán extraído del territorio venezolano, con la que financia sus tropas y actividades. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales explica que el ELN se financia en al menos un 60% a través de la minería en la República Bolivariana de Venezuela.
Según fuentes de información abiertas, las unidades militares venezolanas permiten, y a veces facilitan, las actividades del ELN para expulsar a grupos armados criminales rivales. Adicionalmente, el ELN se apoya en una red de contrabandistas y mulas que pagan sobornos para cruzar las líneas de la GNB y los puestos de control de los grupos armados para llevar el oro a la frontera colombiana. Por ello, InSight Crime describe la relación entre el ELN y la GNB como una relación de conveniencia criminal, más que como una fuerte alianza. La guerrilla además ha controlado rutas de transporte y extorsiona a otros grupos criminales, como los “sindicatos,” por usar las mismas rutas.
mujeres detenidas, como la Misión ya documentó en sus informes anteriores y en el segundo documento de sesión que se presenta junto a éste. En el caso del estado de Bolívar, las mujeres defensoras indígenas han sido atacadas de manera particular. En 2019, una lideresa indígena fue detenida por agentes de las fuerzas de seguridad en el municipio de Gran Sabana y recibió amenazas sexuales contra sus hijas. La lideresa fue llevada a una oficina para ser interrogada por varios oficiales de las fuerzas armadas y oficiales del gobierno. Durante esta reunión, la lideresa indígena alega que uno de los oficiales la amenazó con atacar a sus hijas, diciéndole: “¿Sabes que tienes unas niñas muy lindas?”. La lideresa fue liberada finalmente, pero, a raíz de estas amenazas, decidió mandar a sus hijas, una de 12 años y otra de 13 años, a vivir en otro país.
Los patrones de violencia sexual y de género documentados por la Misión reflejan una situación de especial vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes como resultado de la pobreza, el control ejercido por los grupos criminales y la inseguridad generalizada en las zonas mineras del Arco Minero y otras áreas del estado de Bolívar. Muchas mujeres y niñas indígenas son especialmente vulnerables a estas formas de violencia, y son víctimas de una discriminación múltiple por su condición de mujeres, indígenas y, a menudo, pobres.
El establecimiento de la región del Arco Minero y la expansión de la actividad minera ilegal en el estado Bolívar ha creado un contexto en el que se han cometido violaciones de derechos humanos y delitos. La Misión sigue preocupada por las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado y fuerzas de seguridad, tales como la privación arbitraria de la vida, la detención arbitraria y la tortura u otras formas de maltrato. La Misión ha documentado presencia continuada de grupos criminales armados en el estado de Bolívar, en particular en territorios indígenas, y la amplia gama de crímenes que estos han cometido contra la población de la región. La Misión también ha investigado la violencia sexual y de género por parte de actores tanto estatales como no estatales, y se muestra preocupada por la falta general de protección del Estado hacia las personas vulnerables, en particular los niños. Todas estas cuestiones requieren de una mayor investigación.
