«Tranquilidad» en los calabozos de la PNB puede costar 800 dólares

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Anderson Gutiérrez ha pasado las últimas dos semanas detenido por estar involucrado en un caso de extorsión.

Con tan solo 24 años, el joven que no tenía antecedentes penales y es T.S.U en Diseño Gráfico ha «vivido en carne propia lo que es el infierno de estar preso». Más allá de la vergüenza, la depresión y la ansiedad, aseveró que lo peor es el gasto en dólares que deben hacer sus familiares para costear todo lo referente a la reclusión: cobran por todo y en dólares.

Fue el pasado 5 de enero, cuando todo lo que conocía Gutiérrez cambió por completo. Aunque sostiene que es inocente de los delitos que se le acusan, reconoce que ciertas amistades lo llevaron a lo que está viviendo.

«Yo no tengo nada que ver con el caso que me están acusando, pero la gente con la que me la paso, sí. Lamentablemente, en este país la justicia actúa de forma misteriosa y sencillamente estoy preso por tener relación directa con esas personas», comentó.

Desde que fue detenido en su residencia por miembros de cuerpos de seguridad del Estado, su familia ha tenido que gastar unos 400 dólares, el doble de su sueldo como Community Manager.

«No es solo la comida, sino el tipo de comida, hace mucho calor y a diario, me he bebido hasta 4 litros de agua, la ansiedad de estar encerrado hace que te den más ganas de fumar, me he fumado hasta una caja de cigarrillos diaria, cuando solo fumaba uno o dos cigarros al día», precisó

En sus palabras, lo peor es que dentro del propio centro de detención, el cual no identificó para evitar represalias, les cobran por todo. Por supuesto, no cuentan con ningún tipo de atención médica, de insumos y mucho menos, comida diaria.

«Aquí son los familiares quienes cargan con todo esto. La visita son 2 dólares en efectivo o al cambio, más 1 bolívar de colaboración, por tan solo 30 minutos. Todo en efectivo, por supuesto, no hay punto de venta, ni aceptan pago móvil. Esto es desesperante para los familiares que en su mayoría son de bajos recursos. Por una llamada de corta duración, unos dos minutos, te cobran una caja de cigarrillos o 1 dólar. Para poder tener un teléfono con el cual comunicarte, también te cobran una suma semanal y una suma para pasarlo al centro de detención. Para calentar la comida también cobran, para guardarla, si algún recluso no puede estar en celda común donde hay todo tipo de delincuentes, tiene que pagar de 200 a 800 dólares, por su tranquilidad», condenó. “Ni hablar de la visita conyugal, quien quiera tener relaciones con su pareja debe pagar 10 dólares en efectivo, por una hora y media”.

Más allá del gasto orgánico, el joven reconoce que en ningún momento fue maltratado, golpeado o ha recibido malos tratos por parte de los custodios u otros reclusos.

«Nunca pensé estar preso, pero lo que uno escucha en la calle es que las cárceles son violentas y que personas como yo no duran ni un solo día. Me refiero a que no soy malandro. ¿Entiendes? Pero creo que las cosas han cambiado porque no es como me lo han contado, supongo que por toda la dinámica, nadie quiere morir en estas circunstancias, de verdad que uno vive en carne propia el infierno que es estar preso, lejos de tu casa, de tu familia. Sin tener libertad».

Todo un mundo de reglas

En teoría, es El Estado, a través del Poder Judicial quien determina las condiciones en las que debe permanecer presa una persona, tras haber cometido ciertos delitos. Pero en la Venezuela real, es la propia población penitenciaria la que establece reglas y patrones de comportamientos que no son tan fáciles de entender.

«Hay muchas cosas que no puedes hacer, ni decir. Aparte de todo el problema que tienes en la cabeza tienes que hacer un esfuerzo máximo por cumplir todo este manual que inventaron, no sé desde cuándo, los que están aquí metidos», expresó. «No puedes decir ningún tipo de mala palabra, hay muchas palabras que tienen otro significado. Son ellos los que mandan y si te equivocas muchas veces, puedes chocar y puedes tener algún tipo de castigo».

No puede decir huevo, sino yema, no puede decir leche, sino vaquita, no puede decir hamaca, sino aérea, no pueden ir al baño, sino hacer sus necesidades en bolsas plásticas y en potes de refresco. Otra de las reglas principales es no mentir porque en ese mundo todo se sabe.

«Quienes caen en estos sitios deben cuidarse de mentir, en este mundo todo se sabe y quienes llevan el control preguntan al llegar por qué vino la persona, y en seguida, lo corroboran con otros centros de reclusión, con policías, con las autoridades penitenciarias. No hay manera de que no sepan la verdad».

Debido a que está en prisión preventiva, Gutiérrez debe esperar los 45 días de investigación que tiene el Ministerio Público para determinar sus responsabilidades en la causa que comparte junto a otras 6 personas, esto será cuando se lleve a cabo la audiencia preliminar, si van a juicio podría tardar un par de meses más. Solo pide a Dios que los días pasen rápido y que todo se aclare a su favor.

«Aquí tienes tiempo para todo, para desesperarte, para arrepentirte, para leer la Biblia, pero nada de eso ayuda. Las horas pasan lento y nunca estás solo. Siempre hay alguien que te está hablando, que te comenta algo, pero que también te ayuda a no caer. He llorado a diario, pero siempre hay alguien, aunque sé que estoy rodeado de completos extraños, pero como pueden te dan una palabra de aliento. Sabes que no hay otra salida que esperar y seguir adelante. Pero de esta amarga experiencia queda una gran enseñanza: no confiar ni en tu sombra».

El 21 de junio de 2021, Nicolás Maduro, ante las denuncias sobre corrupción, hacinamiento, retardo procesal y demás irregularidades que se vienen cometiendo dentro de los Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela, anunció una reforma del Poder Judicial, encabezada por Diosdado Cabello, Cilia Flores y Lourdes Suárez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esto con el fin de solucionar, en un plazo de 60 días la problemática y garantizar el paso de los reclusos de estos centros a las cárceles.

Según la Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad, la única cifra oficial ofrecidas en los últimos 5 años es el aumento de la población que se encuentra en estos CDP. En mayo del año 2016, Tarek William Saab, quien fungía como Defensor del Pueblo en ese entonces, informó que los privados de libertad en los centros policiales ascendía a 22 mil 759 en todo el país. Y este año, el 10 de junio, Pedro Carreño, en su rol como presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN/2020, anunció que la cifra ascendía a 38.736, lo que se traduce en un aumento del 170%.