Regionales

Productores de Barinas esperan recuperar fincas invadidas

A dos meses y medio de haber asumido Sergio Garrido como gobernador de Barinas comienzan a sentirse algunos cambios en la región.

Si bien siguen padeciendo problemas graves como las horas diarias sin servicio de electricidad, escasez de agua, gasolina y obstáculos militares en las vías para movilizar la producción, la capital del estado comienza a mostrar mejor cara y algunas instituciones dependientes del gobierno local comienzan a cumplir sus funciones para atender a la ciudadanía.

Garrido ha aplicado un estilo discreto y ha tratado de establecer puentes con el chavismo local y el gobierno para destrabar los conflictos que se acumularon durante la dinastía de los Chávez que pasaron 23 años en el poder. Sus diligencias lo han llevado a Caracas cuando Nicolás Maduro, al menos en la teoría, lo reconoció como mandatario regional.

Recientemente, Roso Caballero, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, asistió en Caracas a una reunión con el Ministro de Relaciones Interiores, almirante Remigio Ceballos, para tratar asuntos de seguridad, junto a representantes de varias regiones del país.

En el encuentro tuvo la oportunidad de tratar con el ministro el tema de las invasiones violentas que se profundizaron en los últimos cinco años en Barinas. Allí se planteó el caso de unas 50 fincas de medianos y pequeños productores agrícolas que fueron ocupadas ilegalmente a pesar de tener protección alimentaria y documentación que respalda a sus dueños legales. Según las denuncias que cursan en los tribunales de la región, las invasiones han tenido el apoyo de algunos funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y la Oficina Regional de Tierras (ORT Barinas).

Es de destacar que solo en ese estado, desde 2002 hasta la fecha, se registran 700 mil hectáreas expropiadas e invadidas, que equivalen a 23% de las tierras de uso agrícola de esa región. Las que fueron expropiadas fueron unas 400 mil hectáreas. El resto, 300 mil hectáreas, son fincas pequeñas y medianas de entre 250 y 10 mil hectáreas, que han sido invadidas ilegalmente y se encuentran con conflictos en los tribunales agrarios.

Hacer valer las vías legales

Si bien de parte de productores consultados y funcionarios vinculados al nuevo gobierno regional, no hay seguridad de que esas gestiones logren eliminar, o al menos reducir, la creciente acción de los grupos de invasores, es factible que se logre la devolución de algunos predios que dejaron de producir como consecuencia de la acción de estos grupos que se dieron a la tarea de quemar potreros y zonas de siembra, a fin de justificar el estatus de “tierra improductiva” como mecanismo para despojar a sus dueños legítimos.

Desde el gobierno de Garrido se ha puesto énfasis en enfrentar el conflicto de las invasiones mediante las instituciones del gobierno regional y mecanismos legales. Como ha sido denunciado por los productores que padecen estas invasiones, los casos están paralizados en los tribunales y los invasores siguen ocupando fincas, a pesar de que los dueños hayan logrado demostrar que sus propiedades son legales y se encontraban en plena producción antes de ser invadidas.

El gobernador Sergio Garrido con la bandera del estado (Federico Parra / AFP)

Según las denuncias, los tribunales competentes han dado largas a los procesos y en algunos casos, a pesar de que el tribunal ha sentenciado a favor de la víctima, no hay mecanismos para que las autoridades ejecuten el desalojo de los invasores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana es el ente que tiene la responsabilidad de aplicar las decisiones de los tribunales y proceder al desalojo de las invasiones. La extorsión en dólares también ha sido un mecanismo utilizado por invasores para acceder a desalojar los predios.

Más violencia, quema y robos

Debido a las nuevas gestiones que se adelantan contra las invasores desde el ejecutivo regional, los grupos de invasores han extendido sus acciones violentas. Asdrúbal Piña, apoderado de la finca «Las Mercedes», ubicada en Boca de Anaro, municipio Pedraza, denunció que en los últimos meses los invasores han avanzado en sus intenciones mediante la quema de los pocos potreros que estaban operativos. De las 15 mil hectáreas, aptas para ganadería, con las que contaba el hato, solo quedan mil hectáreas resguardadas por los propietarios con el ganado que aun mantienen.

Allí producían un millón de kilos de carne por año y 180 mil litros de leche. Esa cifra es equivalente a la comida de 230 mil personas en un mes. Todo eso desapareció por los ataques, ocupaciones ilegales y amenazas, a las que se agrega la destrucción del ambiente; robo y hurto de ganado, de maquinarias y equipos de trabajo.

En el año 2016 el Tribunal Tercero Agrario concedió una medida de protección al sistema productivo y la producción que se realizaba en la finca «Las Mercedes». También decretó una medida de protección forestal sobre los bosques y todas las especies de fauna que existían en las reservas forestales que corresponden a 5.200 hectáreas. Eso ahora está afectado. Esa medida de protección fue ratificada en 2018 por tres años más y pese a todas esas decisiones el hato continúa invadido.

Invasores en nombre de Chávez

La abogada Susana Gamboa, representante del Frente Campesino Luis Beltrán Prieto Figueroa, trabaja en apoyo a varios pequeños productores en la defensa de sus fincas invadidas. Denuncia que el funcionario, Luis Mendoza, quien finalizó su gestión al frente del INTI en el mes de enero, entregó aceleradamente una gran cantidad de “rescates” amañados. Asegura que Mendoza y un grupo de funcionarios del INTI central, favorecieron a una “mafia organizada” autodenominada campesinos, en varios estados de Venezuela quienes operaron en coordinación con las Oficinas Regionales de Tierras (ORT).

Entre los líderes de estas invasiones en el caso de Barinas, señaló a Lesbia Solórzano, Inírida Martínez, Edixon Díaz y Luis Mata Palma, quienes manejan a varios “colectivos” que tienen como modo de vida invadir predios productivos a través de la violencia. Una vez realizada la toma, mercantilizan la tierra y nunca la trabajan, luego deb que les ha sido entregada por el INTI.

Entre los grupos de invasores y organizaciones se menciona a la “Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora”, la “Red de Productores hijos de Chávez”, el “Consejo de Campesinos y Campesinas Moncabary en Revolución” y “Lanzas Campesinas de Canaguá”.

De los 44 casos de medianos productores sobre los cuales se está solicitando que se cumplan con las decisiones de los tribunales, destaca el del fundo “El 75”, ubicado en la parroquia Toruno, del municipio Barinas, estado Barinas. Tiene una superficie de 168 hectáreas. El nombre del predio es agropecuaria “Boralito”, en la carretera Barinas-San Silvestre, a la altura del kilómetro 45, y es propiedad de Aracelis Márquez, de 78 años de edad, y sus seis hijos.

Desde el año 2018 un grupo de invasores ocupó la finca y empezaron a perturbar las actividades productivas. El INTI Caracas abrió un “procedimiento de rescate”. El tribunal de Primera Instancia Agrario del estado Barinas otorgó una medida de protección alimentaria a la finca “Boralito”. Ese mismo año demandó la nulidad del procedimiento de rescate iniciado por el INTI sobre dicha finca. Igualmente conocieron del caso la Comisión Mixta Agraria de la gobernación del estado Barinas, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público y la Dirección de Seguridad Ciudadana .

Luego de demostrar sus propietarios que estos predios se encontraban en plena producción y después de varias reuniones sostenidas con el presidente del INTI, Luis Mendoza, las autoridades se comprometieron a otorgar la improcedencia del rescate. Pero pasó el tiempo y nunca se hizo entrega efectiva de la medida. Recientemente la dueña de la finca se enteró de que Mendoza firmó la entrega de la finca a los invasores días antes de que fuera cesado en sus funciones como presidente del INTI, desconociendo el compromiso que tenía y que había sido acordado con las asociaciones de productores y los diferentes entes administrativos del Estado.

El azote de Lanzas Campesinas

El grupo llamado “Lanzas Campesinas” ha sido uno de los más activos en invasiones en el municipio Peraza, como la ocupación del predio “Las flores”, de 270 hectáreas, en la vía Canaguá, desde febrero de 2020. Su dueña, Uglia García, ha denunciado que los invasores deforestaron y quemaron indiscriminadamente la parte protectora de los ríos Suripa y Apure, afectando la flora, fauna y reservas naturales.

Son montañas vírgenes que se encuentran en el predio y también han destruido bienhechurías, cercas, robado ganado, y talado árboles para extraer madera, según denunció la dueña de la finca. En la misma zona invadieron las fincas “San Carlos”, de 270 hectáreas; el predio “La solución”, de 350 hectáreas; “La carbonera”, de 350 hectáreas; las fincas “Los tres naranjos”, de 270 hectáreas y “Virgen del Valle”, de 270 hectáreas. Es de destacar que los invasores suelen ocupar fincas que están cerca de las vías principales y que cuentan con facilidades de comunicación.

Los grupos operan en varios estados

Productores consultados aseguran que algunos de los líderes que manejan a estos grupos campesinos también están operando en otros estados, como en la zona Sur del Lago del estado Zulia; y en Mérida, Apure, Cojedes y Portuguesa.

Asdrúbal Guerrero, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Socopó (Asogaso), señaló en el programa «Marca país», transmitido por Fedecámaras Radio, que el tema de la inseguridad también afecta a los productores de la región.

“Muchos de nosotros que tenemos unidades de producción, nos vemos en la obligación de ubicar nuestra propia seguridad o en su defecto tenemos que ir en horas del día y retornar porque no podemos estar en nuestras unidades de producción en horas de la noche”, destacó.

Denunció que la falta de combustible en la zona es “bastante fuerte” y los productores tienen que recurrir al mercado negro para. La gasolina “bachaqueada” tiene un precio de 0,70 o 1 dólar por litro, mientras que el costo del gasoil es de 0,50 y 1 dólar por litro.

Gremios se movilizan

El cambio de gobierno en Barinas y los últimos hechos violentos en donde grupos armados han asesinado a productores y trabajadores agrícolas, como el caso reciente en el Sur del Lago, ha motivado a los gremios de productores a movilizarse en defensa de la producción alimentaria y de la legalidad.

El viernes primero de abril se congregan en esa región llanera todos los gremios agrícolas, ganaderos y empresariales, más las organizaciones de la sociedad civil, en la defensa de seguridad ciudadana y la forma de vida de la entidad llanera.

Los denunciantes han asegurado que, si bien las expropiaciones de fincas y hatos fue una política de Estado desde los inicios del chavismo, más tarde se convirtió en un negocio en el que funcionarios operan detrás de las mafias organizadas.

Es de recordar que las primeras expropiaciones con fines políticos apuntaron contra familiares de ex funcionarios y líderes de los gobiernos democráticos, como fueron los casos de Rogelio Peña, Humberto Calderón Berti y Gehard Cartay entre otros. Le siguieron los grandes productores de crías como “Hato Viejo”, “Rincón del Tigre”, “Santa Marta”, “La Urorita”. Entre los casos de las fincas más productivas destacan el “Hato Caujatico”, “La primavera” y “La marqueseña”. Además del daño patrimonial a quienes por varias generaciones desarrollaron esos centros de producción, se perdió también la tecnología desarrollada durante años en agricultura y ganadería.

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