Luis Izquiel: Diálogo con megabandas legitimaría liderazgos criminales

En los últimos años, las bandas delictivas han expandido su poderío en Caracas gracias a un Estado que hoy parece olvidar que ocho años atrás – en 2013-  le dio cancha libre a la impunidad y al desarrollo de estructuras de crimen organizado, con la creación de zonas de paz tuteladas por el Movimiento por la Paz y la Vida, una instancia perteneciente al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, coordinada por el entonces viceministro José Vicente Rangel Ávalos.

Lo que fue un proyecto romántico de pacificación de estas bandas, basado en un pacto de no agresión entre grupos y respeto mutuo de los territorios controlados por cada uno de ellos, lejos de lograr la paz, sólo fomentó la delincuencia y la violencia; en el primer cuatrimestre del 2021, al menos cinco «enfrentamientos», uno calificado como masacre, entre fuerzas de seguridad nacional y grupos criminales han ocurrido en zonas populares de la capital, entre ellas El Cementerio, la Cota 905 y La Vega, de acuerdo con información de reportes difundidos en redes sociales por vecinos de estos sectores documentados por TalCual.

En medio de un panorama poco alentador con políticas inexistentes en esta materia, el gobierno de Nicolás Maduro, con el director de Cicpc, Douglas Rico, como actor de ese lado de la fuerza, planteó un proceso de diálogo con los delincuentes de bandas comandadas por líderes criminales de la Cota 905, como «El Coqui», el «Vampi», entre otros.

“Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal que está ahí instalada, para que depongan su actitud y entreguen las armas (…) Nuestro gobierno es un gobierno de paz. El diálogo, las conversaciones, las negociaciones son la mejor manera de conseguir la paz», dijo el director del Cuerpo de la Policía Científica Penal y Criminalística en su programa de radio del 26 de abril.

Crónicas de una muerte anunciada

Al respecto, el criminólogo Luis Izquiel señala que esa negociación no es más que la «repetición de un fracaso», en referencia al plan fallido de pacificación con la creación de las zonas de paz. Para el experto, revisar el proceso anterior y regresar al presente es saber que esas negociaciones fortalecieron el poder de estos grupos. Y si de pérdidas se trata, la autoridad de algunos funcionarios vinculados al chavismo es algo cuestionable luego de que develaran sus intenciones de diálogo.

«Es muy negativo que la población vea a las autoridades, a un director de la policía de investigación negociando de tú a tú con un delincuente que asesina y extorsiona», sentenció Izquiel, al tiempo de precisar que es ingenuo pensar en que los presuntos delincuentes entregarían sus armas a sabiendas del valor que tienen en el mercado negro.

Para 2017, la investigación de Javier Ignacio Mayorca «Megabandas, una aproximación a la insurgencia criminal venezolana», reseñaba que, según reportes del Cicpc, de la Policía Nacional (PN) y la Guardia Nacional (GN), en Distrito Capital existían 38 bandas delictivas, lo que lo posicionó como el estado del país con más agrupaciones criminales de este tipo. En ese entonces también existían alrededor de 19 megabandas en la nación. Sin embargo, tres años después, esa cifra se ha duplicado. Estimaciones del también abogado Izquiel señalan que en todo el territorio hay entre 30 y 35 de esta agrupaciones.

Diálogo con términos por definir

Si bien los detalles o términos del proceso de diálogo no se han dado, Rico señaló que aunque tenía identificada a la mayoría de los delincuentes que operan en las zonas de paz, entregadas por el mismo gobierno a las bandas, estratégicamente hay operaciones que no puede ordenar porque pondría en riesgo la vida de más ciudadanos.

«Tienen años delinquiendo – dijo en referencia a las bandas-. Entrar en conversaciones con ellas, con un sentido de paz, iría en detrimento de las posibles víctimas. Llevaría a legitimación del liderazgo criminal», comentó Izquiel.

A pesar de que está en desacuerdo con esta negociación, espera que no se circunscriba al término de que las bandas no ataquen a los policías a cambio de que las dejen actuar libremente en contra de la ciudadanía, de las comunidades.

Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, también criticó a Rico y refirió que «con el hampa se dialoga cuando los tienes rodeados, no antes. El objetivo es que depongan su actitud, quitarles las armas y se entreguen a la policía».

Otro payaso más, @DouglasRicoVzla negociando con el Coqui !!!! 1. Con el hampa se dialoga cuando los tienes rodeados no antes. El objetivo es que depongan su actitud, quitarles las armas y se entreguen a la policía. pic.twitter.com/qqN8IqeBp4

— Iván Simonovis (@Simonovis) April 27, 2021

¿Cómo se lograría la pacificación?

Esto es posible y ejemplos hay. En las favelas de Río de Janeiro, Brasil, a partir de 2008 se inició un proceso de pacificación que involucró establecer grandes estaciones o «unidades de policía pacificadora». Se inició un plan de recuperación de esos espacios dominados por bandas de narcotraficantes que, según Izquiel, a diferencia de los operativos que se han hecho en Venezuela, como los de la Operación de Liberación Nacional (OLP), no duraron un día.

«Se entrenó a un grupo de funcionarios sobre derechos humanos, atención a la comunidad, etc. y también se incluyó una vertiente social en el plan. Ya no hablamos de sólo entrar a brindar protección sino que consciente de que son poblaciones empobrecidas, entraban a las comunidades con proyectos sociales y de cuidado diario para que las mujeres del barrio salieran a trabajar con seguridad. Eso es lo que debe aplicarse en Venezuela», aseguró.

En tal sentido, explicó que iniciar una entrega voluntaria de armas de parte de las bandas, como lo ha asomado Douglas Rico, a cambio de retribuciones, no tendría cabida. A su juicio, este tipo de iniciativas no está dirigida a delincuentes activos, tal es el caso de las  bandas de la Cota 905 o El Cementerio, sino de otro tipo de personas. Viudas de delincuentes con armas en casa, personas que compran armamento para defensa personal son un ejemplo.

Consideró que tal vez la única «garantía» de ese diálogo sería que los delincuentes se entreguen. Piensa que, aun cuando sería polémico y criticado por muchos, podrían plantearse posibilidades procesales para aquellos que lo hagan y entreguen su armamento. No obstante, hizo la acotación de que en El Salvador, hacia 2012, se aplicó un proyecto similar -conocido como el «caso tregua»- que aunque funcionó en un principio, al final terminó reavivando aún más la criminalidad en el territorio.

«Debe haber un cambio en la estructura de los cuerpos de seguridad nacional. Lo primero es fortalecerlo desde el punto de vista de los recursos humanos y también operativo para que no estén mejor armados los delincuentes que los cuerpos policiales. Y lo segundo es que, dentro de las políticas policiales, se debe sacar lo ideológico para que lo político no afecte el ejercicio de su profesión, ese impedimento de no actuar contra las bandas criminales viola la ley de la policía de no proteger a la ciudadanía; esa petición de autorización para defenderlos», puntualizó.