En Venezuela hay 2,8 millones de discapacitados en estado de vulnerabilidad

El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día que busca recordar y promover los derechos y el bienestar de todas las personas con discapacidad que representan 15% de la población mundial.

Pero en Venezuela también es una oportunidad para recordar los avances que se han logrado para que estas personas tengan los mismos derechos y privilegios que el resto de la población, pero también para exigir justicia. El presidente de la fundación Educando Valores, Jesús Zurita afirmó que pese a que la Asamblea Nacional está legislando a favor del sector, queda mucho camino por recorrer y lamentó que las políticas públicas del Gobierno sean «puro populismo y control social».

Zurita nació hace 40 años en el estado Delta Amacuro, desde muy temprana edad fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil, con brazos y manos comprometidos. Gracias a la persistencia y dedicación de sus padres, y tras varias operaciones, hoy puede caminar, hablar perfectamente y ser un agente de cambio para todas las personas con discapacidad que viven en Venezuela.

Es licenciado en Trabajo Social, especializado en DDHH, defensor de los derechos de comunidades indígenas y tiene un diplomado en personas con discapacidad. En entrevista concedida a El Cooperante, destacó que el sábado pasado se celebraron los 30 años de la Declaración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Fue en 1992 mediante la resolución 47/3, cuando se fijó esta fecha con el objetivo de promover y defender los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural».

Pero en el mundo globalizado, las personas con discapacidad que constituyen el 15% de la población mundial, aún tiene grandes dificultades, lamentó Zurita.

«Con frecuencia somos objeto de estigmatización y discriminación. Seguimos siendo la minoría más marginada del mundo, y por supuesto, eso no es diferente en Venezuela, porque en nuestro país los avances han sido lentos y utilizados como herramienta política, pues si bien la constitución desde el preámbulo describe al Estado Venezolano como un Estado de justicia, federal y descentralizado, que, (…) asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; y en su artículo 81 señala que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria; en la práctica no es así», reprochó.

No fue sino hasta 2007 cuando se dictó una Ley Ordinaria para las Personas con Discapacidad, pero esta no dejó claro los medios de protección, políticas públicas de atención integral y con ella un reglamento que garantice los DDHH.

Precisó que según estimaciones del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), en Venezuela hay entre 2 millones 800 mil y 3 millones de personas con discapacidad, lo que se traduce en casi el 10% de la población total nacional. Todos ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.

Y es que las instituciones que han sido creadas para «defender» y representar los derechos de las personas con discapacidad como el Conapdis y la Misión José Gregorio Hernández, han centrado su estrategia en una política asistencialista y populista.

«Vienen concentrado sus esfuerzos en lo que podemos describir como una política asistencialista y populista que solo da ayudas técnicas como bolsas de alimentos y un bono en bolívares equivalente a 4 dólares, a través del Sistema Patria. Esto no garantiza el respeto a la dignidad humana, la equiparación de oportunidades, ni mucho menos, la satisfacción de las necesidades básicas de la persona y la familia. Por el contrario, en muchos casos estos instrumentos se han convertido en mecanismos de control social y manipulación política», aseguró.

Necesitamos mucho más que leyes

El pasado 30 de octubre, la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, finalizó la Consulta Pública del Proyecto de Ley para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad. Así lo informó la diputada Dilberly Rodríguez, según una nota de Venezolana de Televisión. «La propuesta jurídica tiene el objeto de garantizar la justicia social, la inclusión, protección, defensa y atención integral de los venezolanos con discapacidad, además de hacer respetar sus derechos y deberes. Durante más de un mes recorrimos en todo el territorio nacional las propuestas necesarias para enriquecer la ley».

Por su parte, el diputado Denis Sotos recordó que este instrumento legislativo forma parte de las 10 leyes del área laboral que complementan la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt), para «beneficiar, proteger y hacer respetar los derechos de los venezolanos».

Sobre este punto, Zurita celebró que se esté legislando nuevamente a favor del sector y se debata una ley Orgánica para la Atención de las Personas con Discapacidad, la ley de Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad y se trabaje en otras leyes. Explicó que Educando Valores ha participado en los debates, pero esperan mucho más que leyes.

«Nuestro deseo es que estos instrumentos recojan verdaderamente el sentir y clamor de la personas con discapacidad y sobre todo de las familias. Que promuevan la transformación de las instituciones existentes, las líneas para el desarrollo de una política social y publica verdaderamente integral que vea a la discapacidad como un potencial para la inclusión y el desarrollo y no un gasto social», subrayó. «¡No Somos Mendigos! ¡Mucho menos Mercancía! Se debe profundizar desde el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los DDHH, todos encaminados hacia la sensibilización, el trato digno, sin discriminación ni crueldad. Basta de bullying».

Además, Zurita recalcó que no es solo una tarea del Estado porque las instituciones y empresas, tanto del sector público como privado, deben garantizar la incorporación, la accesibilidad y la integración con igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad al medio laboral.

«Debemos contar con garantías, no de un salario mínimo, sino digno que permita atender nuestras necesidades básicas. Deben dejar de correr la arruga y asumir el deber y la obligación. No solo se trata del 5%, eso no basta. Hay que generar condiciones para que cuidadores y cuidadoras sean reconocidos como trabajadores y ser dignamente remunerados».

Pero también, se les debe garantizar los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) y el derecho a una vivienda digna: «es necesario alcanzar a través de una política pública integral el acceso a medios de salud y medicinas de calidad de manera oportuna, garantizando el trato digno y preferencial».

Es urgente que en medio de la crisis económica que no ha dejado de azotar el bolsillo de los venezolanos, con una inflación de 29,1% en noviembre, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, las personas con discapacidad puedan tener acceso a la exoneración del cobro del pasaje urbano e interurbano. Así como los descuentos en el extra urbano, fluviales y aéreos.

«Para lograrlo, alcaldes, concejales y diputados están llamados a debatir y acompañar a la población. En educación debemos profundizar en una inclusión de calidad, sin discriminación, con atención y orientación profesional».

«Son muchos los desafíos, no solo para el Estado, sino también para la sociedad, sus organizaciones, pero sobre todo para las familias, hoy duramente golpeadas por una crisis económica y endémica por la COVID-19».