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Empleados de tribunales de Caracas extorsionan hasta con 350 dólares para tramitar copia de acta de divorcio

Entre 2017 y octubre de 2019, 372 funcionarios del Estado fueron privados de libertad por extorsión y secuestro, según el Ministerio Público

Cuando se casó enamorada en el año 2003, Yuliana Salas no pensó en las consecuencias. Han pasado más de 10 años y de esa relación no queda ni una amistad, pero sí muchos dolores de cabeza.

Desde inicios de 2020, intenta tramitar una copia certificada de su sentencia de divorcio, pero la extorsión en los tribunales de Caracas no tiene límites. Aseguró que le cobran hasta 350 dólares por conseguir una copia simple del acta que tramitó en 2012.

En agosto de 2003, Yuliana decidió casarse con su novio Alexis. Pese a que tenían 4 años de relación amorosa, el matrimonio solo duró seis meses. Decenas de discusiones le hicieron tomar la decidieron poner fin a su unión. Nada que el tiempo no pueda borrar, pero no en Venezuela. Han pasado doce años y Yuliana aún tiene problemas relacionados a ese divorcio. Desde hace más de un año y medio quiere casarse con su pareja Alejandro Roa, pero no ha podido. Tramitar una copia certificada del divorcio parece ser el castigo por «no pensar bien las cosas».

Relató su experiencia y denunció que gestores, abogados y sobre todo empleados de tribunales del centro de Caracas intentan «sacar hasta el último dólar» para «acelerar» trámites usando como excusa la cuarentena por la COVID-19.

El 1 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia que preside el magistrado Maikel Moreno, aprobó en Sala Plena la resolución N° 2020-0008, que establece que los tribunales venezolanos retomarían sus labores durante las semanas de flexibilización de la cuarentena por COVID-19. Las actividades estuvieron paralizadas durante siete meses debido a la pandemia.

Con esta excusa y ante la desesperación de estar atada de manos sin poder conseguir la sentencia de divorcio, Yuliana contactó a un abogado que le recomendó un familiar. Corría el mes de enero cuando el abogado José Enrique Riviera le «dio su palabra» y le dijo que si le daba 70 dólares el trámite «saldría rapidito». Yuliana le entregó el dinero de inmediato, el abogado se dirigió al tribunal civil y le dijeron que debido a la fecha de la sentencia, el documento se encuentra en «archivo muerto». Desde ese punto lo que parecía un simple trámite se volvió una pesadilla y sembró la desconfianza en la mujer de 35 años.

El abogado Riviera le explicó que debido a que el documento está en archivo muerto, debían pagar «un poco más» para completar el trámite, ya que los empleados de ese archivo ubicado frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, «cobran por buscar el documento hasta 150 dólares».

Para Yuliana pagar esta suma no es algo imposible, pero confesó que tiene miedo de ser estafada. «No se los cancelé y le pedí que me devolviera el dinero porque a principio de año le entregué 70 dólares y solo me trajo una copia de la solicitud de la copia. Creen que uno puede estar regalando el dinero. Buscan hacer de todo un negocio, por eso el país está como está», fustigó.

Sin salida

Tras paralizar el trámite, Yuliana preguntó a conocidos y amigos sobre alguien que pudiera ayudarla. Un gestor, algún abogado «serio» y hasta un juez que pueda garantizarle obtener la copia certificada del acta de divorcio, requisito necesario para poder consumar una nueva unión junto a su actual pareja.

Así fue como contactó a una gran amiga de su infancia, Eugenia Medina, abogada venezolana con más de 30 años de experiencia.

«Me dijo que si tenía una copia, podemos solicitar una certificación Si no, en el Saime a través de los datos filiatorios. Si no tenía la copia, que es mi caso, ella preguntaría en el tribunal a ver cuánto cobran por sacarla», expresó.

Efectivamente, la sentencia es de fecha 2012 por lo que se encuentra en archivo muerto. Medina le advirtió que esto sería «un malandraje, porque los que trabajan en archivo muerto piden cualquier cantidad de dólares descabellada por hacer eso».

Lo mismo le asomó una abogada amiga de su madre que trabaja como gestora en el estado Miranda.

«Me dijo que como los tribunales trabajan solo en cuarentena flexible eso se tardaría demasiado en sacarlo por vías regulares y que si lo quería rápido eran 300 dólares», condenó. «Uno los paga si hay garantías, pero nadie resuelve ni hace las cosas como debe en este país. Lo peor es pagar y que igual te mareen por meses sin entregarte el documento. Siento gran impotencia».

Por ahora, Yuliana está reuniendo el dinero para decidir a cuál de todos los abogados que consultó le confía sus esperanzas. Lamentó que cuando se casó enamorada hace diez años, nunca pensó que todo cambiaría a tal punto de estar en una «encrucijada sin salida».

Además de los 300 dólares que debe pagar por la copia de la sentencia, Yuliana aún no sabe cuánto tendrá que pagar por legalizar el documento, tal vez unos 50 dólares más.

200 dólares por libertad plena

César Sequera sufre una experiencia similar, aunque su causa no es civil sino penal. Estuvo preso -pese a que alega ser inocente- hace dos años en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Caracas. César fue involucrado en un robo que cometió su cuñado en el año 2018.

Pasó 6 meses en prisión y salió en libertad con medidas cautelares. Desde entonces, cada lunes se dirigía a los tribunales del centro de Caracas para «presentarse». Pero, uno de esos días, se consiguió a la abogada Lourdes Pérez quien le dijo que podía conseguirle su libertad plena si le pagaba unos 200 dólares.

Sin pensarlo dos veces, César reunió el dinero y en dos semanas le entregó la suma en divisas a la abogada Pérez. Han pasado más de cuatro meses y solo le ha entregado una supuesta carta de trabajo que «entregará al juez y eso sale rápido».

El hombre de 30 años, reprochó que Venezuela se ha convertido en el «lejano oeste, cada quien jala para su lado; y solo se salva el más avispado».

Tomado de El cooperante

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