Cárceles venezolanas: en celdas para cuatro personas meten cien y se turnan para dormir, según Carlos Nieto
"Todas estas personas, hombres y mujeres no tienen acceso a baños, no reciben comida porque los policías no tienen cómo dársela, son los familiares quienes deben llevarle comida a diario o cada dos días. No tienen acceso a atención médica. El hacinamiento es extremo y en un cuarto donde caben cuatro, hay entre 80 y 100 personas que se deben turnar para dormir. Unos se sientan y otros descansan. Otros están parados. Es terrible", lamentó Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad
La crisis carcelaria en Venezuela no es un secreto para nadie. Durante años, organizaciones defensoras de Derechos Humanos han denunciado que los centros carcelarios son una especie de depósitos humanos. Pero según los datos aportados por la Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVAL), todo empeoró hace doce años, cuando se creó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Su coordinador general, Carlos Nieto Palma precisó que en los centros de detención hay un hacinamiento extremo: en calabozos construidos para cuatro personas, viven entre 80 y 100 privados de libertad. Durante meses y hasta años.
Nieto Palma fue parte del panel de «Cárceles venezolanas: una crisis desatendida», foro virtual que ofreció Observatorio Social Comunitario, vía Zoom. Una radiografía a la lamentable situación que viven al menos 100 000 privados de libertad, de los cuales 65 000 están en centros de detención preventiva.
De entrada, el abogado, egresado en 1984 de la Escuela de Derecho de la Universidad Santa María y quien se desempeña desde 1997 como coordinador de UVAL, destacó que los presos, tanto comunes como políticos, tienen derechos. «Tienen los mismos derechos humanos que todas las personas, el único derecho que se le prohíbe a una persona penada es el derecho al voto, y por supuesto, el derecho al libre tránsito porque no puede salir de la cárcel. Pero quiero aclarar eso porque quienes nos dedicamos a denunciar ante organismos internacionales la situación de las prisiones en Venezuela, que es de las peores del mundo, no estamos pidiendo que los liberen, porque si han cometido un delito deben pagarlo pero se les debe garantizar el respeto a sus Derechos Humanos», sentenció.
A su juicio, la situación de las cárceles en Venezuela empeoró tras la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario -26 de julio de 2011-. Y señaló a la ex-ministra Iris Varela de ser la culpable del grave hacinamiento que existe en centros de detención del país.
«Yo diría que desde la fecha en que se creó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, lo que hizo fue empeorar los problemas de las cárceles, porque la primera decisión de Iris Varela fue que no podían ingresar nuevos reclusos a las cárceles venezolanas sino eran autorizadas por el ministerio. Ella pasaba la orden del juez, y era quien decidía si se daba el acceso o no», explicó. «Y esto ha sido uno de los grandes males de nuestro actual sistema penitenciario porque esto hizo que los privados que tenían que entrar a las cárceles fueran a parar a Centros de Detención Preventiva que son espacios para custodiar a los detenidos por un lapso no mayor a 48 horas», recordó.
En consecuencia, estos calabozos, oficinas de cuerpos de seguridad policial se han convertido en las «nuevas cárceles de Venezuela». Una Ventana a la Libertad maneja una cifra aproximada de 100 000 privados de libertad y 65 000 están en estos calabozos.
«Todas estas personas, hombres y mujeres no tienen acceso a baños, no reciben comida porque los policías no tienen cómo dársela, son los familiares quienes deben llevarle comida a diario o cada dos días. No tienen acceso a atención médica. El hacinamiento es extremo y en un cuarto donde caben cuatro, hay entre 80 y 100 personas que se deben turnar para dormir. Unos se sientan y otros descansan. Otros están parados. Es terrible», lamentó Nieto Palma.
Otros males
Debido al hacinamiento y la falta de atención médica, los reclusos están expuestos a condiciones graves de insalubridad. Y Nieto Palma realzó que la principal causa de muerte durante muchos años ha sido la tuberculosis.
«Es la enfermedad que lleva la batuta en todo este problema. Es impresionante la cantidad de personas con tuberculosis que hay en las cárceles y que no son atendidos de ninguna manera. Se ha convertido en la COVID-19 de las cárceles, porque hace tres años cuando inició la pandemia pensamos que el virus podía afectar gravemente a los privados, pero no fue así. En cambio, la tuberculosis sí, detectamos durante el primer semestre de 2022 que de las 30 muertes que se registraron, 17 o 18 eran por enfermedades y la tuberculosis encabeza el grupo, seguido por desnutrición y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)».
Pero también, está el problema de la desnutrición. «Los presos no comen porque no les dan comida, que es una obligación del Estado, es el Estado quien debería darle tres comidas al día, suficiente para mantenerse. Pero no se les da ninguna comida. La comida en todas las cárceles la llevan los familiares, y los que no pueden recibir comida a diario se las arreglan para cocinar arroz, espagueti, caraotas, cosas de ese tipo que no se les dañe -no tienen nevera ni donde guardar nada-«.
«Entonces, los que no reciben comida porque no tienen algún familiar que se la lleve, es muy probable que caigan en desnutrición y esto pudiera causarle la muerte. Es verdaderamente grave».
Por último, el retardo procesal sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza de la población penitenciaria. «Las personas deberían estar en un proceso no más de seis meses o un año, en Venezuela pueden durar entre diez y hasta veinte años; y puede ser que cuando la sentencia te la den, hayas pagado más tiempo en la cárcel del que te tocaba, es verdaderamente lamentable».
Presos políticos se llevan la peor parte
Por su parte, Martha Tineo, coordinadora general, desde 2017, de la Organización de Derechos Humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), expuso la situación de presos políticos. Quien enfatizó que la situación que viven los presos comunes es igual a la de quienes están privados por razones políticas, civiles y militares.
«Los presos políticos en Venezuela sufren toda esta misma situación, insalubridad, hacinamiento, no tienen acceso al agua potable y sus familiares deben llevarle semanalmente cinco litros del vital líquido para su higiene personal y para beber. Pero la situación tiene un acento distinto: más del 55% de los presos políticos está cumpliendo una pena anticipada; tienen años privados por razones políticas sin que se haya establecido su responsabilidad en algún hecho punible», reprochó.
Además, detalló que los presos políticos no son políticos porque apenas el 2% de los 309 -cifra aproximada de JEP- forman parte de organizaciones políticas o tenían como actividad la dirigencia política. «Entonces, tenemos que la mayoría son militares o civiles que ejerciendo una función dentro de la sociedad civil, alzaron la voz en defensa de los DDHH. Son personas que ni habiendo expresado alguna diferencia con el gobierno hoy están presas».
Tal es el caso de Emirlendris Benítez, quien fue condenada el pasado agosto, a 30 años de cárcel por el caso del magnicidio frustrado. Según Tineo, la mujer ni siquiera sabía que era un dron, no tenía nada que ver con el caso de intento de asesinato contra Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018.
«Fue condenada a 30 años de cárcel y no sabía que era un dron. No sabía que era un magnicidio, estuvo desaparecida durante meses. La torturaron, perdió a su hijo porque estaba embarazada. Sufrió torturas dantescas y hoy no puede caminar», fustigó. «La situación es dramática hay muchos presos políticos que debido a las torturas que sufrieron hoy tienen gravísimas patologías. No pueden caminar, han perdido todas sus piezas dentales, tienen problemas digestivo, de próstata».
De acuerdo con las cifras de JEP, hay presos políticos que tienen hasta cinco años esperando que inicie el juicio. Y durante este tiempo, se han quedado solos, sin apoyo de familiares porque estos se han tenido que ir del país debido a que también han sido víctimas de hostigamiento y persecución por parte de los cuerpos de seguridad.
«Están en situación de abandono. Un preso político militar ha sido torturado terriblemente y su mamá se tuvo que ir, salir de Venezuela y desde donde está le envía algo de dinero a personas que pueden comprarle comida y llevársela a la cárcel. No es un caso exclusivo y es urgente, que agencias humanitarias internacionales puedan prestarle atención a cada uno de ellos».