Alcaldes, fiscales, militares y malandros hacen cola para desmantelar al país

Caracas.- La ex alcaldesa Keyrineth Fernández no pelaba un cumpleaños de Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, un tributo al Che Guevara o Fidel, un lazo negro por los fallecidos Aristóbulo o Darío Vivas.

Sus redes sociales gritaban que eran chavista hasta los tuétanos, un ejemplar hecho en revolución, resteada con el gobierno y que repetía hasta el aburrimiento las cinco consignas que se sabía de memoria y utilizaba para repartir desde bolsas CLAP hasta un colchón y un ventilador a algún señor moribundo.

Desde 2015 comenzó su cantaleta y sus homenajes y su disfraz rojo, hasta que fue «captada» para el narcotráfico por un capo colombiano -según relata ingenuamente otro chavista de raza, Giancarlo Di Martino-, para ser finalmente atrapada con las manos en la coca junto a varios de sus socios gracias a una delación, palabra que no les gusta mucho a los comunistas de cafetín aunque, en la práctica, es así como suelen salvar el pellejo.

Según la crónica de Di Martino, el colombiano Víctor Julio Cano Páez, «encargado de captar a diputados y alcaldes venezolanos», fue detenido el domingo 7 de noviembre de 2021 en el Puerto de La Guaira, junto a Luis Alfonso Viloria Chirinos, asistente del Poder Legislativo quien ya había sido detenido por el mismo delito, así como su papá Luis Viloria Sáez, ex empleado del diputado «cuentadolares» Luis Parra. Igualmente apresaron a Robert De Jesús Montaña Viloria, supuestamente encargado de hacer inteligencia y «escoger a los potenciales colaboradores de la red que captaba a diputados y alcaldes venezolanos», insiste Di Martino.

Pero a inicios de enero, con la detención de la diputada Jeycar Pérez electa por ORA,(?delatada por los anteriores?),comenzó el songo le dio a borondongo de esta historia, porque de allí en adelante aquello fue coser y cantar: como barajitas cayeron los implicados en el narcotrafico que operaba en los estados Zulia y Falcón, donde el 27 de enero detuvieron a la alcaldesa Keyrineth Fernández, a la diputada Taina González, al funcionario de Polizulia Gregorio Francisco Amariz con varias panelas de droga en el vehículo. Y después (¿delatados también?) apresaron a Kelvin Epieyu Machado, Render José Villalobos Epieyu y a un colombiano apodado El Compa. Todo un operativo sálvese-quien -pueda que fue reseñado hasta en la prensa suiza, porque una alcaldesa y dos diputados presos por narcotráfico en Venezuela no es cualquier cosa.

Pero la mala racha del PSUV no culminó allí. Porque otro de sus insignes militantes, el alcalde del municipio Independencia de Anzoátegui Carlos Rafael Vidal Bolívar y Manoel Gil Da Silva, fiscal superior del estado Bolívar, fueron  detenidos poco después  junto al capitán de la Guardia Nacional  Antonio José Barrios González y Virginia María Azocar Guilarte, encargada de una estación de servicio en Soledad, esta vez  por contrabando de gasolina hacia las zonas mineras. Imputados por  los delitos de terrorismo, contrabando agravado, peculado doloso, corrupción propia y agravada y asociación para delinquir, no pudo imaginar el recien electo alcalde que  manejaba una camioneta de lujo y hacía ningún caso a las varias denuncias por estafa que adornaban su curriculum, que le descubrirían sus nexos con la minería ilegal de Bolívar, una de las razones de su fortuna y de   la escasez de combustible en la zona.

Y si bien ambos casos han hecho el escándalo debido y los altos personeros del gobierno buscan aligerar el daño al Psuv con declaraciones altisonantes contra los bandidos aliados del chavismo, cualquier búsqueda interesada sobre ambos temas en la Venezuela que gobiernan, les habría podido servir para comenzar a combatirlos desde hace muchísimo tiempo. Basta con hurgar en la investigación del diario  El País, «Venezuela Crimen sin Frontera, realizada en 2017 junto a la alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y con el apoyo del International Center For Journalists – ICFJ, para revisar  «las entrañas de un territorio donde impera la ilegalidad».

Que desde el primer párrafo, la investigación conmueve porque asegura que «Desde este municipio de Norte de Santander, la sensación que queda es que frontera adentro están desmantelando un país; porque no solo entran víveres y combustible, también rieles de tren, chatarra, instalaciones eléctricas, cobre, material de señalización vial, animales en pie, avisos publicitarios, partes de autos, maquinaria pesada y antigüedades, entre muchos otros, según el listado de productos decomisados por las autoridades colombianas…Las cifras son elocuentes. En los últimos seis años la División de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) ha incautado en la frontera con Venezuela elementos por un valor superior a  cien millones de dólares»…

Y si quisieran ahondar en la situación del narcotráfico, pues la alcaldesa y los diputados detenidos serían unos soldaditos de plomo frente al entramado que han levantado en la zona fronteriza el ELN, los paramilitares y la disidencia de las FARC, auxiliados por decenas de guardias nacionales quienes han hecho fiesta entre todos traficando cualquier cosa hacia donde quieran sin necesidad de que un colombiano busque «captarlos» porque de eso -como en el caso de la alcaldesa y afines-, se encargan los miles de dólares que ganan sin trabajar (la ambición máxima de muchos socialistas) o lo impediría  eso que nuestras madres llamaban «educación de hogar» suficiente para dividir el mundo entre buenos y malos, entre gente decente e indecente, sin necesidad de consignas huecas y promesas de salvar al mundo. Porque quienes las esgrimen, cuando tienen la primera oportunidad, se pasan al bando enemigo -el capital- y se dedican a gozar el tiempo perdido.