La ley de Convivencia Ciudadana es un instrumento jurídico que se ha venido aplicando de manera cuestionada por muchos ya que se ha prestado para ser utilizada para la obtención de beneficios económicos por parte del funcionario actuante ya que el único medio probatorio es la palabras del funcionario y su señalamiento de que «alguien ha cometido una infracción».
La tecnología ayudaría mucho. Cámaras de seguridad en los semáforos, unidades de transporte, patrullas, plazas y lugares públicos y en el propio funcionario actuante nos daría la certeza de hechos y situaciones.
Constituye una acción irrita y una verdadera salvajada pretender sancionar pecuniariamente a una persona por protestar así como aquellos que «inciten» una protesta. Esto viola flagrantemente el artículo 68 de la CRBV que contiene el legítimo derecho que tiene el ciudadano a protestar y cuya única condición es que lo haga de manera pacífica.
